Begoña García Retegui defenderá en el Pleno una moción para que el Ayuntamiento cumpla con esta función social y, al mismo tiempo, vele por su mantenimiento y conservación

El Grupo Municipal Socialista ha presentado una moción al próximo Pleno para que el equipo de Gobierno, del PP, cumpla con su obligación y responsabilidad y permita que los monumentos catalogados como Bien de Interés Cultural (BIC) puedan ser visitados, tal y como establece la Ley.

En este sentido, la concejala Begoña García Retegui ha explicado que la vigente Ley de Patrimonio Cultural de la Región de Murcia dispone la visita pública a los monumentos al menos cuatro días al mes, en días y horas previamente señalados. Los inmuebles con declaración BIC son la zona arqueológica el Martirium de La Alberca, la Casa Díaz Cassou, el Teatro Romea, el Museo Salzillo, la Muralla o la basílica paleocristiana de Algezares, todos ellos de titularidad pública, pero también están el Casino de Murcia, el convento de las Agustinas del Corpus Christi, los Jerónimos, Santa Catalina del Monte, la ermita de los Pasos de Santiago o el Palacio Vinader, de titularidad privada.

“Con la mayoría de ellos se está incumpliendo sistemáticamente la Ley, que, además, exige a las administraciones públicas cooperación. De hecho, es muy clara cuando establece que las entidades locales conservarán, protegerán y promoverán la conservación y el conocimiento de los bienes integrantes del patrimonio cultural de la Región de Murcia que se ubiquen en su ámbito territorial”, por lo que el Ayuntamiento “se está saltando  con absoluta irresponsabilidad su función de velar por la integridad y conservación de nuestro patrimonio”.

Por todo ello, García Retegui solicita al equipo de Gobierno a velar por que todos los BIC de su ámbito territorial, tanto los de titularidad pública como privada, sean visitables, cumpliendo su función social, tal y como establece la norma, dando difusión pública de las fechas, días y horas en que se harán efectivas para general conocimiento. Incluso, reclama que, en caso de incumplimiento por parte de los titulares de los BIC, y en el menor plazo posible se proceda a demandarlos con todos los medios legales, haciendo pública de forma inmediata el titular del bien y las acciones iniciadas.